Puerto Rico Hoy – Junio 5, 2018

Puerto Rico tiene siete días para dar a CNN registros de personas muertas para investigación de fallecidos por huracán María

La decisión llega por la controversia sobre cómo el territorio estadounidense manejó las cifras oficiales de muertos por el huracán que asoló esta isla del Caribe el 20 de septiembre de 2017.

LEE: Lo que dos periodistas de CNN quieren que sepas sobre la devastación en Puerto Rico

Puerto Rico argumentó que cierta información contenida en los certificados de muerte debería mantenerse privada para proteger la identidad de los muertos. Sin embargo, la jueza de la Corte Suprema de Puerto Rico Lauracelis Roques Arroyo ordenó que esas informaciones eran materia de información pública y debían ser hechas públicas, con la excepción de los los números de identidad de los fallecidos.

CNN y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en Puerto Rico demandaron para tener acceso a los datos de los muertos. Ambas organizaciones han publicado extensas investigaciones que cuestionan la cifra oficial de muertos dada por Puerto Rico, que se sitúa en 64.

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Jueza ordena al Registro Demográfico a divulgar información muertes por María

SAN JUAN  – El Registro Demográfico tiene siete días a partir de ayer, lunes para entregar al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y a Cable News Network (CNN) la información que han solicitado sobre las muertes relacionadas al huracán María.

“Por los fundamentos antes expuestos, habiéndose sometido todos los asuntos ante la consideración del Tribunal con los memorandos de derecho, y en vista de que el Estado no demostró la existencia de intereses de mayor jerarquía que el derecho constitucional al acceso a la información, se declara CON LUGAR, la solicitud de las partes demandantes y ORDENA al Estado a, en un término de 7 días divulgar la información solicitada tomando las precauciones necesarias para que sean ilegibles los números de seguro social contenidos en los documentos”, dicta la sentencia emitida el lunes, 4 de junio por la jueza Lauracelis Roques Arroyo.

El CPI radicó una demanda el pasado 8 de febrero contra la directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, Wanda Llovet Díaz, luego de múltiples intentos para que la agencia que esta dirige brindara información sobre las muertes ocurridas en la isla tras el huracán María.

El tribunal emitió una sentencia consolidada en la que incluyó el pedido que hizo CNN luego que se revelara que un estudio independiente de la Universidad de Harvard indica que luego del huracán y hasta diciembre de 2017 se pudo haber registrado un promedio de 4,645 muertes de un intervalo que va desde 793 hasta 8,498.

El viernes pasado el Registro Demográfico divulgó las cifras de la muertes que indican que desde el mes de septiembre a diciembre de 2017, se han registrado 11,459 decesos. Las cifras indican que se reportaron 1,356 muertes más en 2017 respecto a las registradas en 2016.

La sentencia de 27 páginas indica que en específico el CPI tendrá acceso a las defunciones registradas en Puerto Rico desde el 18 de septiembre de 2017 hasta la fecha más reciente entrada en el sistema del Registro Demográfico de Puerto Rico, en formato de base de datos completa, desglosadas conjuntamente por día y municipio.

También deberán entregar copia de los certificados de defunción emitidos desde la mencionada fecha hasta el presente; copia de los permisos de enterramiento otorgados desde esa fecha al presente y copias de los permisos de cremación otorgados. Asimismo, deben dar autorización para acceder la libreta manual en el que se registran los permisos otorgados a cada funerario y casa de cremación en cada una de las oficinas del Registro Demográfico y acceso a la base de datos sobre causas de muerte que mantiene esa dependencia gubernamental.

De igual forma se ordena al estado que le de acceso a CNN a copia digital de la base de datos que se utiliza para mantener récords de los certificados de defunción que se emiten en Puerto Rico, esto limitado al periodo del 20 de septiembre de 2017 al 20 de enero de 2018. Entretanto, le deben entregar copia digital de todos los certificados de defunción emitidos en ese periodo de tiempo.

“Al proveer esta información el gobierno realizará todas las medidas que entienda necesarias para procurar el mayor nivel de transparencia tanto en la recuperación de nuestra isla, como en los daños a la vida de nuestros ciudadanos causados por este fenómeno atmosférico”, cierra la sentencia.

Por su parte, Carla Minet, directora ejecutiva del CPI, celebró la decisión del tribunal, a la vez que alegó que el gobierno mostró su falta de transparencia y de sensibilidad en todo el proceso.

“Los datos de las personas muertas tras el huracán María se habían convertido en el secreto mejor guardado por la administración de Ricardo Rosselló, que sólo dio información mínima y general, en ocasiones errada, y que más bien ha estado impidiendo, con recursos públicos, que los periodistas y la academia puedan ver las bases de datos y los certificados de defunción. Esa política pública es una contradicción con su estrategia de relaciones públicas que pregona la transparencia”, reaccionó. “Emplazamos al gobernador Rosselló a que finalmente entregue la información sin más excusas”, añadió la periodista en declaraciones escritas.

El CPI fue representado en este caso por la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y sus abogados Luis José Torres Asencio, Rafael Rodríguez Rivera, Anette Martínez Orabona y Steven Lausell Recurt.

Indicó que uos días después del huracán María, el CPI comenzó a publicar reportajes que revelaban que había docenas de muertes adicionales confirmadas que no estaban siendo informadas por el gobierno, en parte debido a la falta de un protocolo de especial para manejar los decesos en casos de desastre, y a la respuesta lenta de las agencias de gobierno.

“Las periodistas Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch Padilla publicaron una serie de historias y los datos oficiales finalmente confirmaron que en septiembre y octubre hubo más de 1,000 muertes en exceso, en comparación con 2016. Pero desde entonces, el gobierno se negó a dar una explicación a ese exceso de muertes. En diciembre, cuando la cifra oficial de muertes se situaba en 64, el gobernador Ricardo Rosselló ordenó un recuento y un estudio a profundidad de las muertes”, concluyó.

Por su parte el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés sostuvo en declaraciones escritas que “El Gobierno de Puerto Rico cumplió con lo que dispone expresamente la Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico. No obstante, ya un Tribunal determinó que tanto el CPI como CNN son parte interesada. La Ley del Registro Demográfico es clara en que una orden del Tribunal puede convertir a una parte en parte interesada más allá de los requisitos que establece la Ley, que es lo que ocurrió en este caso. Nuestra política, a petición del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, es trabajar con estricta transparencia y facilitar el acceso a toda la información pública, por lo que estaremos cumpliendo con lo ordenado recientemente por el tribunal”.

Secretario de Estado destaca aportación y unidad de la industria televisiva

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador interino, Luis Gerardo Rivera Marín, destacó el martes, la labor de la industria de la televisión en Puerto Rico durante el año pasado, cuando luego de los azotes de los huracanes Irma y María, tuvieron que enfrentar serios retos para regresar a la normalidad, pero primordialmente, resaltó la unión que surgió entre todas las cadenas televisivas durante la emergencia que vivió el pueblo puertorriqueño.

“La industria de la televisión no fue la excepción en provocar la unión entre ustedes mismos en beneficio de nuestra gente en aquellos momentos duros que vivió Puerto Rico. Reciban nuestro respeto por haber asumido su rol, y por haber adoptado como lema para este año, El Poder que Nos Une. A nombre del gobernador Ricardo Rosselló, reciban nuestra felicitación y más allá, el agradecimiento por mantener el principal propósito vivo: permitir que nuestro pueblo se eduque, se informe, se entretenga, y se mantenga unido”, expresó Rivera Marín en declaraciones escritas.

Las expresiones del secretario de Estado ocurrieron en la entrega de la Proclama del Gobernador de la Semana de la Televisión que se celebra del 10 al 16 de junio, en las facilidades de WIPR canal 6, anfitrión de la conmemoración.

Rivera Marín recalcó que todos los puertorriqueños han experimentado el desarrollo de la industria y la encomiable labor de los pioneros para posicionar la televisión puertorriqueña en un sitial de respeto, como lo fueron los programas de Paquito Cordero, don Cholito, Rafael Quiñones Vidal, Tommy Muñiz,6 Luis Vigoreaux, y muchos otros. Agregó que igualmente, resalta la creación de talleres de trabajo para los artistas puertorriqueños en las novelas, los programas de entretenimiento, “y algo que nos toca en una parte importante en nuestro trabajo, las noticias, nuestro diario vivir”, indicó.

“Con mucho orgullo me tomo permiso para adoptar el lema de este año para que a través de la labor que realiza la administración del gobernador Rosselló, podamos seguir unidos reconstruyendo a Puerto Rico y ver la transformación que tenemos en agenda para cada hogar, cada rincón, y cada comunidad de nuestra Isla”, concluyó el funcionario.

En la ceremonia estuvieron presentes: Rafael Batista, presidente de WIPR; Javier Maynulet, de WAPA TV; Osvaldo Torres, de WOLE; José Vizcarrondo, de WORA; Ricardo Álvarez, de TeleOro; Ramón Pineda, de Univisión y Frances Tirado, de Mega TV.

Aviso: Sobrevivientes del huracán tienen hasta el 18 de junio para solicitar a FEMA

GUAYNABO – Los sobrevivientes de los huracanes Irma y María en Puerto Rico aún pueden solicitar asistencia a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Los individuos y las familias tienen hasta el 18 de junio para solicitar.

Las personas que sufrieron pérdidas o daños por los huracanes pueden solicitar a FEMA de cualquiera de las siguientes maneras:

 Por internet en DisasterAssistance.gov/es

 Llamando a la línea de ayuda de FEMA al 800-621-3362 o TTY 800-462-7585 (oprima 2 para español). Las líneas operan de 7 a.m. a 11 p.m. todos los días. Hay operadores multilingües disponibles.

 Visite un centro de recuperación por desastre.

Para atender las necesidades de las personas con discapacidades u otras necesidades de acceso y funcionales, los centros de recuperación por desastre ofrecen acomodos razonables, que incluyen intérpretes de lenguaje de señas, según se solicite, materiales en formatos alternos (Braille, letras grandes), tecnologías de asistencia, como VRS, y sillas de ruedas. Hay información sobre el proceso de solicitud en lenguaje de señas americano en fema.gov/media-library/assets/videos/111546.

Después de solicitar a FEMA, oficiales de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, por sus siglas en inglés) podrían comunicarse con los sobrevivientes para más información. Aunque no se requiere que los sobrevivientes acepten un préstamo por desastre a bajo interés de SBA, es importante devolver la solicitud de préstamo completada ya que podría ayudarles a recibir otros tipos de asistencia de FEMA. La fecha límite para devolver la solicitud de préstamo de SBA completada es el 18 de junio.

Para más información sobre los préstamos de SBA, llame al Centro de Servicio al Cliente de SBA para Asistencia por Desastre al 800-659-2955 (TTY: 800-877-8339), correo electrónico disastercustomerservice@sba.gov, o visite sba.gov/disaster. Para solicitar por internet, visite el sitio de internet seguro de SBA en disasterloan.sba.gov/ela.

Lo que dos periodistas de CNN quieren que sepas sobre la devastación en Puerto Rico

En marzo, meses después del huracán María, una familia seguía viviendo en esta casa hecha de deshechos en Corozal.

(CNN) – Han pasado más de ocho meses desde que el huracán María arrasó con Puerto Rico. La personas todavía están usando lonas como techos, mientras las autoridades temen que otra tormenta pueda acabar nuevamente con la energía eléctrica en la isla. Y un nuevo cálculo de las personas que murieron sugiere hubo miles de víctimas más de lo que sabíamos. La corresponsal de CNN Leyla Santiago, y el periodista senior de investigación John Sutter, están viendo los acontecimientos de primera mano, documentando la devastación y la excavación del número de fallecidos. Les pedí que nos dieran su perspectiva de cómo ha sido realmente lo que sucede allí. Nuestra conversación por Slack, condensada y ligeramente editada para mayor claridad, está a continuación.

Harmeet Kaur: ¿Sabían de inmediato, cuando llegaron a Puerto Rico, que María iba a ser un huracán tan devastador? ¿Esperaban pasar meses enteros cubriendo el desastre?

John Sutter: Llegué a Puerto Rico pocas semanas después del huracán. Y estaba absolutamente impresionado por el nivel de devastación. Después de tanto tiempo, esperaba encontrar algún nivel de normalidad. No fue así.

La gente dormía en casas sin techo, bebía agua de un sitio federal porque no tenían grifos funcionaran. La energía eléctrica era un SÚPER lujo. Las líneas eléctricas estaban enredadas como espaguetis en los árboles. Algunos caminos eran intransitables. Era un desastre. Parecía que el huracán había ocurrido el día anterior y que el tiempo se había congelado.

Varios meses después, todavía se siente así en algunas partes de la isla.

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Prensa Online

Leyla Santiago: Definitivamente, no. No lo sabía. Estuve en la isla por el huracán Irma y me quedé un mes entero después de María. Nunca esperé que fuera tan grave, a pesar de las advertencias del gobierno.

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Interceptan mujer y le roban su carro en el este

NAGUABO – La Policía reportó un “carjacking” ocurrido cerca de las 10:25 de la noche del lunes en el kilómetro 71 de la carretera PR- 3 de Naguabo.

Según el parte policiaco, María Martínez alegó que varios individuos portando armas de fuego a bordo de un auto, la interceptaron y mediante amenaza la despojaron de un Toyota Camry, color vino de 2007.

Las autoridades indicaron que en el auto estaba el teléfono celular de la mujer, su cartera con documentos y dinero en efectivo.

Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao continúan con la investigación.

Se exhorta a la ciudadanía comunicarse con la Policía de manera confidencial si conoce información sobre este delito a través del 787-343-2020 y 787-852-1224 extensión 1610. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

Agreden mujer con silla de playa

GUÁNICA  – Las autoridades informaron que a eso de las 9:47 de la noche del lunes se reportó una agresión grave cerca de los condominios La Torre en el sector El Hoyo en Playa Santa en Guánica.

De acuerdo con el informe policiaco alegó que Ivonne Edison se encontraba en el lugar compartiendo con amistades y que un joven la agredió con una silla de playa en la parte posterior de la cabeza.

La Uniformada detalló que la perjudicada sufrió dos heridas y también una lesión leve en la mano izquierda. La mujer fue atendida por personal de Emergencias Médicas Estatal y transportada al hospital de Yauco, donde el médico de turno diagnosticó dos heridas en la parte posterior de la cabeza, que requirió tres puntos de sutura.

El caso fue referido para investigación.

Sorteos de la Lotería Electrónica de Puerto Rico del lunes, 4 de junio de 2018.

Los números ganadores en los sorteos de la Lotería Electrónica del lunes, 4 de junio fueron los siguientes:

Sorteo Diurno

Pega 2 —————- 01

Pega 3 —————- 076

Pega 4 —————- 2870

Sorteo Nocturno

Pega 2 —————- 74

Pega 3 —————- 759

Pega 4 —————- 4870

Recuerde verificar estos números directamente con la Lotería Electrónica o sus suplidores. prhoy.com no se hace responsable por errores publicados en los números ganadores.

Gobierno de Puerto Rico quiere ver si el Tribunal Supremo se autorevoca en cuanto a la constitucionalidad de los vales educativos

SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vazquez Garced, anunció el lunes la determinación de presentar una Moción de Desestimación, un Recurso de Certificación Intrajurisdiccional y una Moción en Auxilio de Jurisdicción ante el Tribunal Supremo en el caso Asociación de Maestros versus Departamento de Educación, que se dilucida en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

En esta demanda, la Asociación de Maestros pretende impugnar la validez de la Ley 85- 2017, mejor conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, específicamente las secciones sobre las Escuelas Públicas Alianza y el Programa de Libre Selección de Escuelas.

“El grado de interés público en el caso de autos y la necesidad de que haya una certeza sobre el Estado de Derecho actual jugó un papel determinante en la decisión de acudir en forma directa a nuestro Más Alto Foro en recurso de Certificación.

Aunque sostenemos que la Asociación de Maestros no tiene legitimación activa para presentar este recurso, ellos basan su argumentación en una sentencia de 1994 del Tribunal Supremo, la cual sostenemos que es totalmente distinguible al Programa de Libre Selección creado bajo la Ley 85-2017 y que responde a una situación socioeconómica y legal muy distinta a la que hoy hay en Puerto Rico.

Sin embargo, al caso plantear una cuestión constitucional, específicamente el alcance del Articulo 2, Sección 5 de nuestra Constitución, entendemos que el Tribunal Supremo es el Foro adecuado para atender esta controversia y que se pueda tener certeza de cara al próximo año escolar,” indicó la secretaria de Justicia, en declaraciones escritas.

“La Ley 85-2017 fue redactada de forma tal que se protegieran no solo los derechos constitucionales de nuestros estudiantes sino también los derechos de los maestros que son parte de nuestro sistema público de enseñanza. Lejos de poner en peligro el sistema público de enseñanza, la Ley 85-2017 crea un sistema público más robusto, enfocado en los estudiantes, que les brinda más oportunidades de desarrollo y ofertas educativas”, sostuvo por su parte, la secretaria del Departamento de Educación,  Julia Keleher.

La Asociación de Maestros, en su demanda, utiliza el precedente que sentó el pleito radicado en el 1994 contra los Vales Educativos, que el Tribunal Supremo en ese entonces declaró inconstitucional.

El licenciado Rafael Nadal, abogado de la AMPR, expresó en el mes de abril que “dudo que el Tribunal Supremo se vaya a auto revocar”.

No importa si derogar la Ley 80 es prospectiva o no, para el gobernador lo importante es cumplir con el acuerdo con la JCF

BAYAMON- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares insistió el lunes en que el acuerdo con la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre la derogación de la Ley 80 de 1976 sobre indemnización por despido sin justa causa no contempla que sea de forma prospectiva.

“Si lo que se hace es una versión diferente a lo acordado, todo lo demás en el acuerdo no va. Si el propósito de la medida era lograr el acuerdo, esa medida no cumple con el acuerdo”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Al preguntarle al gobernador sobre la insistencia de que la Ley 80 sea derogada en su totalidad, cuando en otras leyes, como la Ley de Reforma Laboral y la Ley de Reforma Educativa, la aprobación de las mismas fue con carácter prospectivo.

“La insistencia no es que sea prospectiva o no. Es que cumpla con el acuerdo”, sostuvo el gobernador.

De otra parte, los presidentes legislativos reaccionaron a una comunicación de la Junta de Control Fiscal al representante Jorge Navarro Suárez, referente a si se podía o no aprobar de forma prospectiva la derogación de la Ley 80.

“Ni este legislador, ni la Cámara de Representantes responde a presiones de la Junta. Yo creo que esa comunicación le falta el respeto a los legisladores de Puerto Rico. Que tenemos la capacidad de evaluar cada una de las medidas que envía el señor gobernador e incluso hacer preguntas y cuestionamientos. Si la quería hacernos algún señalamiento, debió haber ido a la Vista Pública conforme fueron citados. Y ahí presentarnos toda la evidencia que dicen tener para sustentar ese acuerdo”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Núñez.

“Los primeros que le dimos la oportunidad a la Junta de que comparecieran y explicaran fue el Senado. Le radicamos el proyecto por petición y no comparecieron. No han producido un solo documento que evidencia que habrá crecimiento económico. No es la primera vez que la Junta se opone a un presupuesto, lo hicieron en el vigente y prevaleció la versión del Gobierno. Así que en el Senado no cambia la posición por lo que diga la Junta. Y que la Junta pretenda poner tantas cosas importantes en riesgo por el capricho de la Ley 80, para mí es inaceptable”, expresó por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

La directora ejecutiva de la Junta federal de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko envió el lunes una carta de respuesta al representante Jorge Navarro en donde dejó claro su intención de someter el plan fiscal de la JCF si no se deroga la Ley 80 como lo fue acordado con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Para contestar su pregunta directamente, como mínimo, la Junta revertiría al Plan Fiscal según certificado por la Junta el pasado 19 de abril de 2018, (el “Plan Fiscal de abril 19”), y sometería un presupuesto al Gobernador y a la Legislatura que sea consistente con ese Plan Fiscal. En específico, si el Gobierno de Puerto Rico no cumple a cabalidad con el entendimiento alcanzado con la Junta en relación a la derogación de la Ley 80, la Junta enmendará el Plan Fiscal y el presupuesto para:

 Eliminar la asignación anual para el Bono de Navidad para empleados públicos

 Eliminar la asignación anual de $25 millones para becas a estudiantes de la Universidad de Puerto Rico

 Eliminar la asignación anual de $50 millones para iniciativas de desarrollo económico en los municipios

 Eliminar el fondo multianual de $345 millones para varias iniciativas de desarrollo económico y para la implementación de reformas, según solicitado por el Gobierno de Puerto Rico

 Mantener la eliminación del Bono de Navidad para empleados del sector público y del sector privado, además de la reducción de días de enfermedad y de vacaciones para empleados del sector privado, como lo requiere la reforma laboral delineada en el Plan Fiscal de abril 19 para facilitar la inversión y la creación de empleos en Puerto Rico

 Mantener los recortes a los presupuestos de la Legislatura y la Judicatura, según delineados en el Plan Fiscal de abril 19”, contestó Jaresko en la misiva.

“No obstante, la reducción en fondos para los municipios, para la Universidad de Puerto Rico y para desarrollo económico, así como la eliminación del Bono de Navidad, sería solamente el próximo paso inmediato. Esto es así porque Puerto Rico actualmente se está beneficiando de un respiro de tener que pagar su servicio de la deuda debido a la moratoria automática del Título III de PROMESA y la expectativa de que reestructuraremos nuestras deudas oportunamente. Sin embargo, la moratoria automática es temporera, no permanente, por lo que Puerto Rico debe demostrar que está tomando las acciones necesarias para lograr que una reestructuración sostenible de deuda sea posible, mientras se beneficia de la moratoria. El paso más importante en esta coyuntura es derogar la Ley 80, para que Puerto Rico pueda disfrutar de una economía en crecimiento con una base contributiva más fuerte en beneficio de todas las personas, negocios y acreedores de la Isla. Fracasar en esto nos conducirá hacia una situación insostenible – una economía en continuo descenso, una base contributiva reduciéndose, y una falta de dirección realista en lograr la reestructuración de deuda para dejar atrás el Título III. Favor de referirse al “Exhibit 21” del Plan Fiscal certificado el 30 de mayo de 2018 para ver el impacto macroeconómico de no adoptar la reforma laboral”, añádió.

“El entendimiento al que se llegó con la Junta con relación a la derogación de la Ley 80 para todos los empleados, actuales y futuros, ayudará a la Junta y al Gobierno de Puerto Rico a implementar efectivamente el Plan Fiscal sin tener que gastar tiempo y recursos en una costosa litigación acerca de la implementación y ejecución de ciertas iniciativas fiscales y económicas requeridas por PROMESA”, concluyó.

Agente dispara su arma de reglamento en el Parque de las Ciencias de Bayamón

BAYAMÓN  – Un incidente de descarga crítica de un arma se reportó en el Parque de las Ciencias en Bayamón, informó el lunes, la Policía.

Según el parte policial, un agente identificado Alberto Ramos Rosario, adscrito a la oficina de Seguridad y Protección de área policiaca de Bayamón, supuestamente tuvo una descarga crítica con su arma de reglamento la cual fue disparada en el área del baño.

En el incidente no se reportaron heridos.

El sargento Fermín González investiga los hechos.

JCF le dice a representante Jorge Navarro si no derogan la Ley 80 someterán su plan fiscal

SAN JUAN – La directora ejecutiva de la Junta federal de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko envió el lunes una carta de respuesta al representante Jorge Navarro en donde dejó claro su intención de someter el plan fiscal de la JCF si no se deroga la Ley 80 como lo fue acordado con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Para contestar su pregunta directamente, como mínimo, la Junta revertiría al Plan Fiscal según certificado por la Junta el pasado 19 de abril de 2018, (el “Plan Fiscal de abril 19”), y sometería un presupuesto al Gobernador y a la Legislatura que sea consistente con ese Plan Fiscal. En específico, si el Gobierno de Puerto Rico no cumple a cabalidad con el entendimiento alcanzado con la Junta en relación a la derogación de la Ley 80, la Junta enmendará el Plan Fiscal y el presupuesto para:

 Eliminar la asignación anual para el Bono de Navidad para empleados públicos

 Eliminar la asignación anual de $25 millones para becas a estudiantes de la Universidad de Puerto Rico

 Eliminar la asignación anual de $50 millones para iniciativas de desarrollo económico en los municipios

 Eliminar el fondo multianual de $345 millones para varias iniciativas de desarrollo económico y para la implementación de reformas, según solicitado por el Gobierno de Puerto Rico

 Mantener la eliminación del Bono de Navidad para empleados del sector público y del sector privado, además de la reducción de días de enfermedad y de vacaciones para empleados del sector privado, como lo requiere la reforma laboral delineada en el Plan Fiscal de abril 19 para facilitar la inversión y la creación de empleos en Puerto Rico

 Mantener los recortes a los presupuestos de la Legislatura y la Judicatura, según delineados en el Plan Fiscal de abril 19”, contestó Jaresko en la misiva.

“No obstante, la reducción en fondos para los municipios, para la Universidad de Puerto Rico y para desarrollo económico, así como la eliminación del Bono de Navidad, sería solamente el próximo paso inmediato. Esto es así porque Puerto Rico actualmente se está beneficiando de un respiro de tener que pagar su servicio de la deuda debido a la moratoria automática del Título III de PROMESA y la expectativa de que reestructuraremos nuestras deudas oportunamente. Sin embargo, la moratoria automática es temporera, no permanente, por lo que Puerto Rico debe demostrar que está tomando las acciones necesarias para lograr que una reestructuración sostenible de deuda sea posible, mientras se beneficia de la moratoria. El paso más importante en esta coyuntura es derogar la Ley 80, para que Puerto Rico pueda disfrutar de una economía en crecimiento con una base contributiva más fuerte en beneficio de todas las personas, negocios y acreedores de la Isla. Fracasar en esto nos conducirá hacia una situación insostenible – una economía en continuo descenso, una base contributiva reduciéndose, y una falta de dirección realista en lograr la reestructuración de deuda para dejar atrás el Título III. Favor de referirse al “Exhibit 21” del Plan Fiscal certificado el 30 de mayo de 2018 para ver el impacto macroeconómico de no adoptar la reforma laboral”, añádió.

“El entendimiento al que se llegó con la Junta con relación a la derogación de la Ley 80 para todos los empleados, actuales y futuros, ayudará a la Junta y al Gobierno de Puerto Rico a implementar efectivamente el Plan Fiscal sin tener que gastar tiempo y recursos en una costosa litigación acerca de la implementación y ejecución de ciertas iniciativas fiscales y económicas requeridas por PROMESA”, concluyó.

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